San Diego | Las amenazas de tiroteos y bombas en lugares públicos se han incrementado en los últimos años, tanto en California como en el resto del país. Estos incidentes generan temor en comunidades, escuelas e incluso en lugares de culto.
Tan solo el año pasado, el Centro de Coordinación de Agencias del Orden Público del Condado de San Diego recibió 580 reportes de actividad sospechosa relacionada con amenazas escolares.
Hasta hace poco, la ley sólo permitía procesar penalmente las amenazas directas contra una persona. Sin embargo, con la promulgación de la ley estatal SB 19, conocida como la “Ley de Escuelas y Lugares de Culto Seguros”, se cierra una laguna legal que impedía castigar amenazas creíbles dirigidas a instituciones o espacios públicos.
Ahora, cualquier amenaza seria o verificable puede ser procesada como delito grave o felonía.
El primer veredicto bajo esta nueva legislación se dictó recientemente. Lee Lor, de 40 años, fue declarado culpable por un jurado tras enviar más de 400 correos electrónicos amenazando con realizar un tiroteo masivo en la escuela primaria Shoal Creek Elementary, en Carmel Mountain Ranch, en 2023.
El jurado lo encontró responsable de un delito grave de amenaza criminal el pasado 21 de octubre, y su sentencia está programada para el 19 de noviembre.
Esta ley complementa los esfuerzos del Protocolo de Amenazas Escolares del Condado de San Diego, una iniciativa que integra a los 42 distritos escolares, fuerzas del orden, fiscales y profesionales de salud mental para detectar y responder a posibles amenazas antes de que se concreten.
Las autoridades destacan que, en la mayoría de los actos violentos escolares, hubo señales previas que pudieron haberse identificado a tiempo.
Cabe destacar que, para ser considerada delito, una amenaza debe ser inequívoca, incondicional, inmediata y específica, demostrando una intención real de causar daño.
La ley también abarca amenazas realizadas por internet, teléfono, en persona o por cualquier otro medio de comunicación.
