San Diego | Este miércoles se llevó a cabo la segunda lectura de la ordenanza de Reglas de Aplicación y Rendición de Cuentas de las Libertades Civiles, conocida como ordenanza CLEAR, durante la agenda de consentimiento de la Junta de Supervisores del Condado de San Diego.
La medida busca garantizar que los recursos del condado no sean utilizados para redadas migratorias. Entre los puntos clave, se prohíbe el ingreso de autoridades migratorias federales a zonas no públicas de los edificios del condado y a espacios donde laboran, contratistas, beneficiarios de subvenciones y arrendatarios del condado, salvo que exista una orden judicial.
Además, la ordenanza contempla la instalación de señalización en varios idiomas en los edificios del condado para informar a los visitantes sobre sus derechos civiles y migratorios. También exige que la oficina del alguacil publique un informe detallado dentro de los tres días hábiles posteriores a cualquier incidente relacionado con la actividad migratoria federal.
El pasado 13 de enero, la propuesta avanzó con una votación 3-1. El supervisor Jim Desmond estuvo ausente, mientras que Joel Anderson votó en contra, al considerar la ordenanza divisiva y cuestionar el uso de recursos públicos. Posteriormente, Desmond también calificó la medida como restrictiva y poco colaborativa.La ordenanza entrará en vigor 30 días después de su aprobación, con fondos asignados en el presupuesto del año fiscal 2025-2026 confirmó la Junta.
