El costo del transporte público en el condado de San Diego podría registrar uno de sus ajustes más fuertes de los últimos años, en una propuesta que impactaría directamente a quienes utilizan autobuses, tranvías y trenes como parte de su rutina diaria.
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La posibilidad de un aumento ha encendido preocupación entre miles de usuarios que dependen del sistema para trasladarse al trabajo, la escuela, citas médicas o actividades cotidianas. En una región donde el costo de vida sigue presionando a los hogares, cualquier ajuste en la movilidad pública tiene un efecto inmediato sobre el bolsillo de las familias.
El debate también ocurre en un momento delicado para las agencias de transporte, que todavía enfrentan las secuelas financieras de la pandemia. La baja en el número de pasajeros, la reducción de apoyos federales y el incremento en costos operativos han obligado a replantear la viabilidad del sistema a mediano plazo.
Las juntas directivas del Sistema Metropolitano de Tránsito (MTS) y del Distrito de Transporte del Norte del Condado (NCTD) evaluarán dos propuestas de incremento tarifario que, de aprobarse, pasarían a una revisión final ante el comité de transporte de San Diego en los próximos meses.
Actualmente, la tarifa base es de 2 dólares con 50 centavos, pero una de las opciones contempla elevarla a 3 dólares, mientras que otra la llevaría hasta 3 dólares con 50 centavos. En el caso del pase mensual, el costo vigente de 72 dólares subiría a un rango de entre 90 y 100 dólares, dependiendo del esquema que avance.
Las agencias han planteado estos ajustes como una medida para enfrentar déficits presupuestarios que podrían traducirse en pérdidas millonarias en los próximos años. Entre los factores que explican esta presión financiera figuran la caída de usuarios posterior a la pandemia, la disminución de recursos federales y los altos costos de gasolina.
Aunque se espera que un aumento ayude a elevar los ingresos del sistema, las propias proyecciones anticipan un efecto secundario: una reducción en el número de pasajeros de hasta 4 por ciento. Ese escenario ha abierto una discusión sobre si el ajuste permitirá estabilizar las finanzas o si terminará afectando aún más la demanda del servicio.
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La propuesta coloca a San Diego ante una decisión compleja: equilibrar la sostenibilidad financiera del transporte público sin golpear demasiado a quienes más dependen de él. En los próximos meses, el debate definirá no solo cuánto costará moverse por la región, sino también qué tan accesible seguirá siendo el sistema para sus usuarios.
