Vecinos de Lomas de San Antonio y Brisas de Santa Fe se manifiestan en el Palacio Municipal; señalan a un presunto “cartel inmobiliario”.
Lo que comenzó como el sueño de un patrimonio propio se ha convertido en una pesadilla legal para decenas de familias en la zona oeste de Tijuana. Este jueves, residentes afectados se congregaron frente al Palacio Municipal para exigir justicia ante lo que describen como un fraude inmobiliario sistemático que amenaza con dejarlos en la calle.
Un esquema de engaños y doble cobro
Los manifestantes, provenientes principalmente de las colonias Lomas de San Antonio y Brisas de Santa Fe, denuncian que fueron víctimas de vendedores que operan bajo total irregularidad. Los puntos clave de la denuncia incluyen:
Vendedores señalados: Los afectados identifican a Christian Pablo “N” y Emmanuel Aurelio “N” como los responsables de seguir exigiendo pagos mediante promesas de descuentos, a pesar de que los terrenos están en disputa.
Conflicto de propiedad: Mientras los vendedores originales siguen cobrando, un supuesto propietario legítimo ha aparecido para reclamar las tierras, iniciando procesos de desalojo.
Años de inversión: Muchas de estas familias llevan años habitando y pagando puntualmente por sus predios, invirtiendo sus ahorros en la construcción de sus hogares.
La respuesta del Ayuntamiento: “Manos atadas”
A pesar de la movilización y el desespero de los vecinos, la respuesta de la autoridad municipal ha sido limitada. El Ayuntamiento de Tijuana informó que, debido a que se trata de un litigio entre particulares, la administración no tiene facultades legales para intervenir directamente en la disputa de las tierras.
“Llevamos años pagando y ahora resulta que el dueño es otro. Los que nos vendieron nos siguen pidiendo dinero bajo engaños mientras el desalojo es una amenaza real”, expresó uno de los vecinos afectados durante la protesta.
Exigen investigación profunda
Ante la falta de soluciones inmediatas por parte del gobierno local, las familias exigen la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE) para investigar lo que denominan un “cartel inmobiliario”.
Las peticiones de los afectados son claras:
Frenar de inmediato cualquier intento de desalojo mientras se resuelve el fondo del asunto.
Investigar a los responsables de las ventas fraudulentas.
Establecer una mesa de diálogo que garantice la seguridad de sus viviendas.
Recomendación: Si usted está en proceso de adquirir un terreno en la periferia de la ciudad, se recomienda verificar siempre la situación legal ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio para evitar ser víctima de esquemas similares.
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