El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos anunció una nueva política para restringir el ajuste de estatus dentro del país, al señalar que este beneficio solo sería concedido en circunstancias extraordinarias y que la mayoría de los solicitantes de residencia permanente deberían realizar el proceso consular desde el extranjero.
La medida fue presentada mediante un memorando dirigido a oficiales migratorios, en el que USCIS indicó que quienes se encontraran temporalmente en Estados Unidos y buscaran obtener una Green Card tendrían que regresar a su país de origen para continuar el trámite ante el Departamento de Estado, salvo en casos excepcionales.
La agencia explicó que los oficiales deberían revisar cada solicitud de manera individual, considerando factores relevantes antes de determinar si una persona calificó para este tipo de alivio extraordinario. El cambio marcó un ajuste importante en la forma en que se evaluaron los casos de personas con visas temporales, como estudiantes, trabajadores temporales o visitantes.
De acuerdo con la postura de USCIS, el sistema migratorio fue diseñado para que los no inmigrantes permanecieran en Estados Unidos por un periodo limitado y con un propósito específico. Bajo ese argumento, la agencia sostuvo que una estancia temporal no debía funcionar automáticamente como primer paso hacia la residencia permanente.
La nueva política también buscó trasladar la mayoría de estos casos al procesamiento consular, con el objetivo de liberar recursos internos de USCIS para otros trámites, incluyendo solicitudes de naturalización, visas para víctimas de delitos violentos, casos de trata humana y otras prioridades bajo la jurisdicción de la agencia.
El anuncio generó preocupación entre comunidades migrantes, estudiantes internacionales, trabajadores temporales y personas que ya contemplaban solicitar residencia sin salir de Estados Unidos. Aunque la agencia señaló que las decisiones continuarían revisándose caso por caso, el nuevo criterio endureció el acceso al ajuste de estatus dentro del país.
La medida quedó como parte de una política migratoria más estricta de la administración del presidente Donald Trump, con implicaciones potenciales para miles de solicitantes. Abogados y organizaciones migratorias comenzaron a evaluar el alcance real del memorando, mientras personas con procesos pendientes buscaron orientación legal para entender cómo podría afectar sus casos.
