California y una coalición de estados presentaron una demanda contra la administración del presidente Donald Trump para impedir que información personal de familias de bajos ingresos sea compartida con autoridades migratorias y otras dependencias federales.
La disputa se concentra en los registros del programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas, conocido como TANF, que proporciona recursos económicos y servicios esenciales a hogares con hijos que enfrentan dificultades financieras.
La nueva política permitiría compartir datos como números de Seguro Social, domicilios, ingresos, estado civil y condición migratoria de personas que actualmente reciben ayuda o que estuvieron inscritas anteriormente en el programa.
La medida fue anunciada por la Administración para Niños y Familias, una división del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Su aplicación está prevista para comenzar el 11 de agosto de 2026, salvo que un tribunal ordene suspenderla.
Los estados demandantes sostienen que el gobierno federal pretende ampliar de manera ilegal su supervisión sobre TANF, pese a que corresponde principalmente a los gobiernos estatales verificar la elegibilidad de quienes solicitan los beneficios.
También argumentan que la política viola las restricciones establecidas para proteger la información privada, impone nuevas condiciones sobre los fondos federales y permite intercambiar datos sin los acuerdos requeridos entre agencias gubernamentales.
California advirtió que la medida podría provocar que familias legalmente elegibles eviten solicitar asistencia por temor a investigaciones o consecuencias migratorias. Esto podría afectar especialmente a hogares con integrantes que tienen diferentes condiciones migratorias.
TANF distribuye más de 16 mil millones de dólares anuales para apoyar programas de asistencia económica, cuidado infantil, alimentación de emergencia, vivienda temporal y servicios destinados a familias vulnerables. En California, alrededor de 350 mil familias reciben algún tipo de apoyo cada mes.
La administración federal sostiene que necesita acceso a los registros para confirmar que los estados cumplan con las reglas del programa y que los recursos sean entregados únicamente a personas que reúnen los requisitos establecidos.
La demanda solicita que la política sea declarada ilegal y que se impida su entrada en vigor. El caso abre una nueva confrontación entre varios estados y el gobierno federal por el uso de datos personales dentro de programas sociales y su posible utilización en labores de control migratorio.
