Reporte revela falta de vacunas, demora en dispositivo médico y nula cooperación en casos de tuberculosis
El Condado de San Diego hizo público un informe con los resultados de la inspección sanitaria realizada el 12 de junio en el Centro de Detención de Otay Mesa, luego de que un juez federal avalara la autoridad del Condado para llevar a cabo la revisión. El documento detalla condiciones generales dentro de los estándares estatales, pero también señala fallas críticas en el manejo de salud.
Entre los hallazgos destacan un caso de un detenido que no recibió un dispositivo médico necesario durante 18 meses, así como la falta total de vacunas en existencia. Otro punto grave fue la falta de respuesta del personal médico del centro para coordinar con Salud Pública del Condado dos casos de tuberculosis, los cuales no fueron reportados por el centro sino detectados a través de un proveedor externo de pruebas.
La oficial de Salud Pública del Condado, Sayone Thihalolipavan, señaló que la tuberculosis exige reporte inmediato y una respuesta coordinada, y advirtió que la falta de comunicación oportuna representa una violación grave a los protocolos básicos de salud. Además, recordó que este problema ya había sido documentado en un informe de 2025 de la Fiscalía General de California.
La presidenta de la Junta de Supervisores, Terra Lawson-Remer, y la vicepresidenta Paloma Aguirre lideraron la acción legal contra el gobierno federal y CoreCivic, operador del centro, luego de que en febrero pasado se les impidiera realizar la inspección. El fallo judicial permitió la visita de junio y abre la puerta a futuras inspecciones. Los hallazgos serán enviados a instancias estatales y al Congreso para dar seguimiento.
