La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para obligar a quienes aspiren a la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a renunciar a cualquier segunda nacionalidad abrió un nuevo debate sobre identidad, lealtad y derechos políticos. En su comentario editorial, Alberto Capella Ibarra analizó las implicaciones de una propuesta que podría modificar los requisitos para ocupar los cargos ejecutivos más importantes del país.
La reforma fue presentada por el Ejecutivo federal con el argumento de garantizar que el interés de México permanezca por encima del vínculo que un gobernante pudiera mantener con cualquier otro Estado. Para ello se propusieron modificaciones a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución.
De aprobarse, cualquier persona con doble nacionalidad que busque registrarse como candidata a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno tendrá que renunciar previamente a su otra nacionalidad.
La propuesta también establecerá que quien ocupe alguno de estos cargos no podrá adquirir otra nacionalidad, utilizar pasaportes extranjeros, ejercer derechos políticos correspondientes a otro país ni recurrir a su protección diplomática mientras desempeñe sus funciones.
El debate, sin embargo, irá más allá de los requisitos electorales. La discusión colocó sobre la mesa si poseer dos nacionalidades representa realmente un conflicto de lealtades o si establecer esta condición terminará generando diferentes categorías entre ciudadanos mexicanos.
La controversia adquirió especial relevancia en los estados fronterizos, donde miles de familias mantuvieron durante generaciones vínculos personales, laborales y familiares a ambos lados de la frontera. En regiones como Baja California, la doble nacionalidad formó parte de una realidad cotidiana para una parte importante de la población.
La propuesta surgió después de que Sheinbaum cuestionó públicamente la situación de gobernadores que contaron con otra nacionalidad y sostuvo que quienes representaran al Estado mexicano debieron mantener únicamente la ciudadanía mexicana.
El Congreso tendrá ahora la responsabilidad de discutir hasta dónde deberá llegar este requisito y si la nacionalidad constituye por sí misma una garantía de lealtad política, mientras el debate continuará enfrentando dos conceptos centrales: la protección de la soberanía nacional y la igualdad de derechos entre quienes son reconocidos legalmente como mexicanos.
