El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas comenzó a despedir a algunos de los agentes contratados durante su reciente campaña de reclutamiento, luego de detectar problemas de desempeño y antecedentes que, según exfuncionarios federales, debieron identificarse antes de que los aspirantes fueran incorporados.
La agencia había impulsado una contratación masiva para aumentar rápidamente su número de agentes, ofreciendo incentivos que llegaron hasta 50 mil dólares por nuevo recluta.
Sin embargo, el volumen de solicitudes habría rebasado la capacidad del proceso de selección. Un denunciante interno advirtió desde agosto de 2025 que algunos candidatos estaban siendo autorizados para incorporarse sin completar verificaciones como huellas digitales, confirmación de identidad o revisión de historial crediticio.
Ahora, ICE comenzó a revisar a integrantes de las nuevas generaciones de agentes y a separar a quienes presentan problemas de rendimiento o señales de alerta que no fueron detectadas durante la contratación inicial.
El caso también ha generado cuestionamientos después de la muerte de Joseph Moore, un agente de 38 años y padre de dos hijos, quien murió en el estacionamiento de una oficina de ICE en Filadelfia poco después de ser informado de que sería despedido.
Las autoridades policiales clasificaron inicialmente su muerte como suicidio, aunque familiares expresaron dudas sobre esa conclusión.
Excompañeros señalaron que una evaluación más rigurosa durante el proceso de contratación podría haber determinado antes si Moore cumplía con los requisitos necesarios para trabajar dentro de una agencia federal de seguridad.
El episodio aumentó las críticas sobre la rapidez con la que ICE intentó ampliar su fuerza laboral y sobre los riesgos de reducir controles durante la contratación de personal encargado de realizar arrestos y operativos migratorios.
La revisión continuará mientras la agencia evalúa a los nuevos agentes contratados y enfrenta cuestionamientos sobre si la presión por aumentar rápidamente su plantilla debilitó los mecanismos diseñados para garantizar que los aspirantes fueran adecuados para funciones de seguridad pública.
