El gobernador Gavin Newsom firmó la SB 1046, una legislación que estableció nuevas protecciones laborales para salvavidas, guardaparques y otros trabajadores expuestos a la contaminación transfronteriza del Valle del Río Tijuana. La medida entraría en vigor el 1 de enero de 2027.
La iniciativa, impulsada por la senadora estatal Catherine Blakespear, ordenó a Cal/OSHA desarrollar estándares laborales destinados a reducir la exposición a contaminantes provenientes de aguas residuales y otros desechos que cruzaron desde Tijuana hacia territorio estadounidense.
Las nuevas reglas contemplaron equipos de protección personal, capacitación especializada, comunicación sobre riesgos y procedimientos para reportar incidentes, especialmente para quienes realizaron actividades al aire libre en zonas afectadas por la contaminación.
La legislación también estableció que las normas fueran desarrolladas con participación de comunidades afectadas, salvavidas, guardaparques, gobiernos locales, sindicatos, distritos de control de calidad del aire y especialistas académicos.
La contaminación del Río Tijuana había provocado cierres prolongados de playas en el sur del Condado de San Diego y generó preocupación adicional por la presencia de contaminantes que pudieron pasar del agua al aire. Entre ellos estuvo el sulfuro de hidrógeno, gas relacionado con el característico olor a huevo podrido registrado en comunidades cercanas al valle.
Trabajadores de la zona habían reportado síntomas como dolores de cabeza, fatiga, náuseas y sangrado nasal, mientras investigaciones científicas analizaron posibles efectos respiratorios, gastrointestinales y neurológicos asociados con la exposición a contaminantes presentes en el área.
Blakespear sostuvo que la ley buscó garantizar protecciones específicas para quienes tuvieron que continuar trabajando en lugares afectados por la crisis ambiental, particularmente personal encargado de playas, parques y otras áreas públicas.
La entrada en vigor de la SB 1046 abrió una nueva etapa en la respuesta estatal a la contaminación del Río Tijuana, al incorporar la seguridad laboral dentro de las medidas destinadas a enfrentar una crisis ambiental que durante años afectó a comunidades y trabajadores del sur del Condado de San Diego.
