El gobernador Gavin Newsom firmó la AB 1633, una ley que estableció un impuesto del 25% para los operadores privados de centros de detención en California, incluidos aquellos que mantuvieron contratos relacionados con detención migratoria. Con la medida, California se convirtió en el primer estado del país en establecer un gravamen específico de este tipo.
La legislación, impulsada por el asambleísta Matt Haney, creó la Private Detention Facility Tax Law y dispuso que los operadores sujetos a la norma pagaran anualmente el equivalente al 25% de sus ingresos brutos correspondientes al año fiscal anterior. La versión definitiva estableció que el impuesto comenzaría a aplicarse el 1 de julio de 2028.
Los ingresos obtenidos mediante el nuevo gravamen, una vez descontados reembolsos y costos administrativos, fueron destinados al Due Process for All Fund, desde donde podrían financiarse servicios relacionados con inmigración previa autorización de la Legislatura estatal.
La medida formó parte de un paquete de leyes firmado por Newsom relacionado con la supervisión de la aplicación de las leyes migratorias y el funcionamiento de centros privados y civiles de detención dentro de California. Entre las disposiciones aprobadas también se incluyeron nuevas reglas sobre transparencia, condiciones de las instalaciones y acceso a registros.
Haney sostuvo que el objetivo de la AB 1633 fue hacer que las compañías que obtuvieron ingresos por operar instalaciones de detención contribuyeran económicamente a programas destinados a comunidades afectadas por el sistema migratorio. Esa postura formó parte de los argumentos utilizados por los promotores de la medida durante su aprobación.
La legislación no modificó quién podía ser detenido por las autoridades federales ni cambió directamente las facultades de ICE, sino que creó una obligación fiscal estatal para empresas que cumplieran con la definición de operadores privados de centros de detención.
La versión original del proyecto había contemplado un impuesto del 50%, pero durante el proceso legislativo la tasa fue reducida al 25% y su fecha de aplicación fue trasladada a julio de 2028.
Con la firma de la AB 1633, California estableció un nuevo mecanismo tributario sobre el negocio de la detención privada y dispuso que los recursos generados fueran canalizados hacia servicios relacionados con inmigración, mientras el estado continuó ampliando su marco de supervisión sobre este tipo de instalaciones.














