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Especialista advierte posibles riesgos para comerciantes ante nueva Ley de Economía Digital

La entrada en vigor de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos abrió un debate sobre los alcances que podría tener la intervención del Gobierno en las formas de pago utilizadas por comerciantes y consumidores en México.

Leonardo Abarca Jiménez, socio director de Grupo UNO Abogados, señaló que la legislación representa un avance hacia la modernización financiera, pero consideró que algunas de sus disposiciones podrían generar cuestionamientos de carácter constitucional.

Hacienda podrá definir sectores con pagos exclusivamente digitales

La legislación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre de 2026 y entró en vigor un día después.

Su objetivo es fomentar mecanismos como transferencias bancarias, tarjetas, códigos QR y otras herramientas electrónicas.

Sin embargo, Abarca Jiménez llamó la atención sobre el artículo 13, que faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para determinar sectores estratégicos y actividades relevantes en los que los medios digitales puedan convertirse en la única modalidad de pago.

A consideración del especialista, esta disposición podría generar tensiones con la libertad de comercio contemplada en el artículo 5 de la Constitución, particularmente si algunos establecimientos quedan obligados a utilizar exclusivamente determinadas herramientas para recibir pagos.

Señalan posibles efectos para pequeños negocios

El abogado también hizo referencia al artículo 28 constitucional, relacionado con la libre concurrencia.

Explicó que una mayor dependencia de plataformas e intermediarios financieros podría representar costos adicionales para pequeños comerciantes debido a comisiones, fallas tecnológicas u otras limitaciones operativas.

Otro aspecto que, señaló, deberá analizarse es la forma en que Hacienda determinará qué actividades estarán sujetas a estas disposiciones.

Según Abarca Jiménez, el artículo 13 no establece parámetros suficientemente específicos sobre los criterios técnicos, económicos y sociales que deberán utilizarse para tomar estas decisiones, por lo que su aplicación podría generar cuestionamientos sobre proporcionalidad y seguridad jurídica.

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Advierten posible impacto para personas sin servicios bancarios

El especialista indicó que una transición hacia modalidades exclusivamente electrónicas también podría generar dificultades para personas que no tienen acceso a servicios bancarios o conectividad.

Esto, explicó, podría afectar su capacidad para adquirir determinados bienes o servicios en aquellos sectores donde eventualmente deje de aceptarse efectivo.

Abarca Jiménez sostuvo que la aplicación de la ley podría ser cuestionada jurídicamente en aquellos casos donde las restricciones sean consideradas desproporcionadas, excedan las atribuciones de las autoridades o entren en conflicto con otras disposiciones, entre ellas la Ley Monetaria.

Aplicación de la ley será clave para evaluar sus alcances

El abogado señaló que la constitucionalidad de las medidas deberá analizarse a partir de las disposiciones específicas que emitan las autoridades y de sus efectos en comerciantes y consumidores.

Consideró que el proceso de modernización financiera debería ampliar las alternativas disponibles para realizar pagos sin que ello implique necesariamente eliminar el uso de efectivo en determinadas actividades.

El debate se centrará ahora en la manera en que Hacienda ejerza las facultades contempladas por la nueva legislación y en los criterios que establezca para determinar qué sectores podrían quedar sujetos a pagos exclusivamente digitales.

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