Estados Unidos | El viernes, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que los funcionarios públicos pueden ser demandados por bloquear a usuarios en sus páginas de redes sociales.
Este veredicto surgió a raíz de un caso sucedido en Poway, en donde dos miembros de la junta del Distrito Escolar Unificado (PUSD), Michelle O’Connor-Ratcliff y T.J. Zane., fueron demandados por bloquear a Christopher y Kimberly Garnier, una pareja de padres de familia, debido a sus comentarios críticos en redes sociales.
Un juez federal previamente había fallado a favor de los Garnier, decisión que fue tomada en cuenta por un panel de la corte de apelaciones.
El otro caso que se sumó al dictamen involucraba al gerente de la ciudad de Port Huron, Michigan, quien de manera similar bloqueó a un usuario que publicó críticas en la página de Facebook con respecto al enfoque de la ciudad hacia la pandemia de COVID-19.
La jueza en el caso, Amy Coney Barrett, señaló que el uso de redes sociales por parte de un funcionario público constituye una “acción estatal”, por lo tanto no pueden limitar la libertad de expresión. Si se determina que un funcionario participa en una acción estatal al usar su página de redes sociales, el bloqueo completo de un usuario podría exponerlo a responsabilidades.
Sin embargo, también señaló la necesidad de diferenciar entre el uso personal y oficial de las redes sociales por parte de los funcionarios, ya que muchas páginas de redes sociales presentan una mezcla de ambos.
En el caso de Poway, la Corte de Apelaciones del 9º Circuito de EE.UU. dictaminó que los miembros de la junta del PUSD actuaban como funcionarios estatales en su uso de redes sociales y violaban los derechos de la Primera Enmienda de los Garnier al bloquearlos.
La Corte suprema envió el caso de Poway de vuelta al 9º Circuito para reexaminar el caso a través de un nuevo estándar establecido por los jueces el viernes, que establece que los funcionarios deben tener autoridad estatal y “también pretender usarla” para constituir una acción estatal.
