California | Este otoño, los votantes de California tendrán la oportunidad de decidir sobre una propuesta que busca reformar la controvertida “Propuesta 47”, una medida aprobada en 2014 que reclasificó ciertos delitos no violentos de felonías a delitos menores.
La secretaria de estado de California, Shirley Weber, anunció el martes que la iniciativa para modificar esta ley calificó para ser incluida en la boleta electoral de noviembre.
La reforma propuesta, conocida como la “Ley de Reducción de la Adicción a las Drogas, la Vagancia y el Robo”, busca aumentar las penas para ciertos delitos, incluyendo el tráfico y posesión de fentanilo, así como los robos reincidentes, incluyendo:
- Tratamiento para la adicción: Proveer tratamiento de salud mental y para la adicción a personas que usan drogas duras como fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas.
- Penas aumentadas para el fentanilo: Añadir el fentanilo a las leyes existentes que prohíben la posesión de drogas duras con un arma cargada y el tráfico de grandes cantidades de estas sustancias.
- Discreción judicial: Permitir a los jueces sentenciar a traficantes de drogas a prisión estatal en lugar de cárcel del condado cuando sean condenados por traficar grandes cantidades de drogas duras o estén armados mientras trafican.
- Advertencia a traficantes: Informar a los traficantes de drogas que pueden ser acusados de asesinato si continúan traficando y alguien muere como resultado.
- Penalidades más severas: Reinstaurar las penas para traficantes de drogas cuyo tráfico cause la muerte o lesiones graves a un usuario y aumentar las penas para reincidentes en robos.
- Robos “smash-and-grab”: Introducir nuevas leyes para abordar el problema creciente de robos que resultan en pérdidas significativas y que son cometidos por múltiples ladrones trabajando juntos.
La “Prop 47” ha sido objeto de críticas por parte de diversos sectores que argumentan que la medida ha contribuido a un aumento en los robos minoristas y en otros delitos, al reducir las penas para ciertos crímenes. Mientras que algunos legisladores y funcionarios de justicia argumentan que es necesaria para corregir las fallas.
