San Diego | Con casi tres semanas en el poder, la administración de Donald Trump ha generado controversia con múltiples órdenes ejecutivas que impactan directamente a diversas minorías en Estados Unidos, incluida la comunidad LGBTQ+.
Una de las órdenes más recientes, firmada este miércoles, establece la prohibición para que mujeres trans compitan en deportes femeninos y la denegación de visados a personas transgénero.
Otra orden ejecutiva contempla la eliminación de programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI). Además, se ha ordenado que, antes de febrero, sean eliminados sitios web y cuentas de redes sociales gubernamentales que promuevan la “ideología de género”.
Algunas páginas web eliminadas del sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y del Instituto Nacional de Salud (NIH) contenían información sobre jóvenes LGBTQ+, anticoncepción, vacunas y estudios sobre el VIH.
La orden titulada “Defendiendo a las mujeres de la extrema de la ideología de género y restaurando la verdad biológica en el Gobierno Federal” impone la eliminación del género en documentos oficiales, reconociendo únicamente los sexos masculino y femenino.
Los pasaportes y visados ya no incluirán la opción de marcar “X” para personas no binarias. Además, se ha prohibido el uso de fondos federales para apoyar la atención médica trans en menores, lo que ha provocado la suspensión de tratamientos como bloqueadores de pubertad y terapia hormonal en algunos hospitales.
También se restableció la prohibición para que personas transgénero sirvan en las Fuerzas Armadas, aunque esta medida ha sido bloqueada temporalmente por un tribunal. Por otro lado, las mujeres trans bajo custodia federal serán trasladadas a prisiones para hombres, lo que ha generado dos demandas judiciales.
Finalmente, el Departamento de Educación ha recibido instrucciones de prohibir el uso de fondos federales en estudiantes en transición social.
Organizaciones locales de la comunidad LGBTQ+ han manifestado su preocupación sobre el impacto de estas medidas en sus derechos y bienestar, en San Diego, donde más de 230,000 personas pertenecen a esta comunidad, la incertidumbre sobre el futuro es creciente.
