San Diego | El Tribunal Superior, con mayoría conservadora, falló con seis votos a favor del Ejecutivo y tres en contra, para limitar temporalmente la facultad de los tribunales inferiores de intervenir y bloquear políticas nacionales.
Esta decisión marca un antes y un después en el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Judicial, ya que incluso en administraciones anteriores, ex presidentes como Barack Obama y Joe Biden enfrentaron bloqueos a sus órdenes ejecutivas por parte de jueces federales de circuito.
Ante este nuevo escenario, el futuro de la controvertida orden ejecutiva que busca eliminar la ciudadanía automática por nacimiento para hijos de inmigrantes en situación irregular permanece incierto.
Por un lado, se eliminan los bloqueos interpuestos por fiscales en más de 20 estados, lo que permitiría la implementación de dicha orden. Por otro, el fallo no resuelve si el presidente tiene la facultad constitucional de hacerla cumplir.
Tras la decisión del máximo tribunal, autoridades federales informaron que los lineamientos para aplicar esta medida están en proceso de desarrollo. También reiteraron que la orden no infringe la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, argumentando que el derecho a la ciudadanía por nacimiento está sujeto a jurisdicción.
Las demandas en respuesta al fallo no se han hecho esperar. Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes, como la ACLU, ya presentaron una demanda colectiva contra la administración Trump. Solicitan que se certifique como una acción de clase a nivel nacional, actualmente la única vía posible para bloquear la orden tras la decisión de la Corte Suprema.
Ahora, los casos regresarán a tribunales inferiores, donde los jueces deberán modificar sus decisiones para ajustarse al nuevo criterio del Tribunal Supremo.
