Desde el inicio de la administración de Donald Trump, se ha registrado un incremento en los operativos de ICE en distintos espacios públicos, incluyendo hospitales. Esta situación genera preocupación en pacientes migrantes, especialmente aquellos en condición vulnerable, y en el personal médico que busca garantizar la atención sin discriminación ni interrupciones.
Los hospitales son considerados “lugares sensibles”, lo que significa que las autoridades migratorias deben limitar sus acciones en estas instalaciones. Sin embargo, en casos recientes se han reportado visitas de agentes en busca de pacientes o acompañantes, lo que provoca temor y dudas sobre los derechos de las personas presentes en el recinto.
De acuerdo con organizaciones defensoras de derechos humanos, tanto pacientes como médicos tienen derecho a preguntar por una orden judicial antes de permitir el acceso de ICE a áreas privadas. El personal de salud no está obligado a compartir información médica confidencial sin una orden válida, y los migrantes tienen derecho a permanecer en silencio y a solicitar hablar con un abogado antes de responder preguntas.
En medio de estas tensiones, especialistas en salud pública subrayan que el miedo a la deportación puede desalentar a muchos migrantes de acudir a emergencias o tratamientos médicos. Por ello, diversas clínicas y hospitales en San Diego y otras ciudades han reforzado protocolos de protección a pacientes, así como capacitaciones al personal sobre cómo actuar en estos escenarios.
