Detenciones arbitrarias y traslados al sur del país, así la política migratoria de contención
Baja California | La noticia del asesinato de un joven migrante de origen mexicano por disparos en la espalda perpetrados por agentes de la Guardia Nacional en la zona montañosa de Tecate cercana a la frontera con EEUU en diciembre 2023, no sólo causa dolor e indignación, sino que confirma el costo letal que ha significado el que México en los hechos haga suyas políticas migratorias de los Estados Unidos de Norteamérica con enfoque de seguridad y criminalización.
Habilitar a la Guardia Nacional quien aun siendo una institución de carácter civil tiene un perfil militarizado a ejecutar medidas de control migratorio, ha tenido consecuencias fatales para la población migrante pues ha sido señalado como responsable de por lo menos 4 migrantes, no en vano el año pasado fue una las instituciones que recibió más quejas ante CNDH.
Para las organizaciones que damos apoyo y acompañamiento a población migrante, resulta preocupante constatar que la violencia institucional de los cuerpos de seguridad contra población que busca acogerse a la protección internacional, persiste impunemente. Cuando hemos hecho públicos incidentes de violación a derechos humanos como la incursión de Guardia Nacional y Agentes del Instituto Nacional de Migración al albergue Border Line Crisis Center hace unos meses, no observamos ninguna disposición por parte de las autoridades, en principio a asumir la responsabilidad de sus actos mucho menos para dialogar y buscar medidas que garanticen la no repetición.
De igual manera cabe precisar que de acuerdo a la encuesta de riesgos que aplica la organización Al Otro Lado a los usuarios de sus servicios, destaca que durante 2023 de las 12,491 personas que la respondieron en Tijuana, 16% informaron haber sufrido abusos de la policía; más de una cuarta parte (27.9%) de los encuestados LGBTQ+ declararon haber sufrido abusos policiales y casi una quinta parte (19.2%) de los encuestados que residen en albergues de Tijuana afirman haber sufrido malos tratos por parte de la policía local, agentes de migración y los cuerpos de seguridad nacional.
Los abusos contra migrantes no dan tregua, hace un par de días fuimos testigos de la detención arbitraria por parte de Guardia Nacional e Instituto Nacional de Migración de un grupo aproximado de 20 personas de origen haitiano, quienes en su mayoría cuentan con una condición regular de estancia, aun así fueron remitidos a la Estación Migratoria, incluso dos menores de edad de 6 y 12 años de origen haitiano que no hablan español fueron separados de su familiar y remitida al DIF, sin ni siquiera haber sido entrevistados por un oficial de protección a la infancia.
Por lo anterior exigimos un alto a los abusos y violaciones a derechos humanos en contra de la población migrante y el cese a la política de contención que no resuelve ni resolverá la problemática de la migración irregular y hacemos pública nuestra petición a la gobernadora Marina del Pilar de facilitar un espacio de diálogo en la mesa estatal de seguridad del gobierno del estado que sostienen las autoridades cada lunes, como un gesto de su apertura y buena voluntad para buscar solución a la violencia institucional y sistemática de los cuerpos de seguridad contra población migrante en Baja California.