Kilmar Abrego, migrante que se convirtió en símbolo de las políticas migratorias bajo el presidente Donald Trump tras ser deportado por error a El Salvador, volvió a ser detenido en Baltimore. Ahora, enfrenta la posibilidad de ser enviado a Uganda, un país con el que no tiene ningún vínculo. El caso ha desatado preocupación por la falta de garantías legales y el uso de la deportación como herramienta de presión.
La jueza federal Paula Xinis frenó de manera temporal la deportación, argumentando que no existían garantías de debido proceso y que no había certeza sobre el trato que recibiría Abrego en África o si sería devuelto a El Salvador, donde teme persecución de pandillas. La audiencia dejó en claro la tensión entre el derecho constitucional al debido proceso y la política de deportaciones aceleradas de la administración.
Abrego, de 30 años, vivía en Maryland junto a su esposa estadounidense y sus hijos, todos ciudadanos. Fue detenido al presentarse a una cita en las oficinas de ICE en Baltimore. Sus abogados aseguran que el gobierno busca presionarlo para aceptar culpabilidad en un juicio programado para enero, ofreciéndole como alternativa una deportación a Costa Rica si cambia su declaración.
