ESTADOS UNIDOS.- En California, las ciudades de San Diego y San José presentaron una demanda contra el gobierno federal por nuevas restricciones impuestas a fondos destinados a combatir delitos en contra de menores.
Autoridades municipales aseguran que los requisitos adicionales para acceder a estos recursos afectan directamente programas locales enfocados en la protección infantil y la prevención del abuso.
Funcionarios señalaron que las condiciones federales podrían limitar la capacidad de las ciudades para investigar y procesar este tipo de delitos de manera efectiva.
El caso será revisado por un tribunal federal, mientras ambas ciudades buscan que los fondos se entreguen sin condiciones que, aseguran, ponen en riesgo la seguridad de los menores.
