La Fiscalía acusa a los imputados de más de 47,000 delitos, incluidos 86 asesinatos ordenados durante el sangriento fin de semana de marzo de 2022
El Salvador comenzó un megajuicio contra 486 presuntos miembros de la pandilla MS-13, acusados de participar en los homicidios del sangriento fin de semana de marzo de 2022, episodio que marcó un punto de inflexión en la política de seguridad del presidente Nayib Bukele. El proceso, que se lleva a cabo bajo un nuevo modelo penal, ha sido criticado por organismos de derechos humanos por las restricciones al acceso a la defensa.
De los acusados, 413 se encuentran detenidos en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT), una cárcel de máxima seguridad emblema del gobierno de Bukele, y otros 73 están prófugos y serán juzgados en ausencia. La Fiscalía General imputa a los acusados más de 47,000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, entre ellos haber ordenado 86 asesinatos entre el 25 y 27 de marzo de 2022, el fin de semana más violento en el país desde la Guerra Civil de los años 80.
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El juicio se realiza bajo un modelo de macroaudiencia establecido tras las reformas al Código Penal aprobadas en 2023, en el contexto del régimen de excepción que sigue vigente después de cuatro años y que suspende garantías constitucionales. Los fiscales han presentado autopsias, análisis balísticos y testimonios, y han solicitado al juez que imponga la pena máxima por cada crimen, que podría alcanzar hasta 245 años de condena por acusado.
Organismos como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) han criticado el proceso, señalando que los megajuicios “plantean serias dudas sobre el cumplimiento de las garantías del debido proceso”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también expresó su preocupación por la prolongación del régimen de excepción. A pesar de las críticas, el gobierno de Bukele mantiene un amplio respaldo popular y El Salvador cerró 2025 con 82 homicidios, la cifra anual más baja en la historia del país.
