La Fiscalía del Condado de San Diego concluyó que los oficiales involucrados en el arresto de Marcus Evans no incurrieron en responsabilidad penal, tras revisar un incidente ocurrido el 24 de octubre de 2024 relacionado con un reporte de violencia doméstica y el presunto uso de un arma de fuego.
El análisis fue solicitado en 2025 por una organización comunitaria y derivó en una revisión exhaustiva por parte de la División de Operaciones Especiales, unidad encargada de evaluar casos vinculados con uso de fuerza por parte de autoridades.
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De acuerdo con el expediente, la policía acudió al lugar después de una llamada al 9-1-1, en la que una mujer reportó que un hombre había sacado un arma. Posteriormente, la investigación documentó que el sospechoso presuntamente había agredido a su pareja con un objeto metálico y amenazado con un arma a otras dos mujeres.
Al ubicar a Evans en su residencia, los agentes intentaron que saliera de manera voluntaria. Aunque inicialmente siguió algunas instrucciones, después se negó a cumplir órdenes consideradas clave para concretar su detención de forma segura.
La situación se complicó por la ubicación elevada de la vivienda y por la presencia de personas no identificadas dentro del inmueble, factores que, según la revisión, representaban un riesgo adicional para los oficiales que atendían el reporte.
Ante la falta de cooperación, los agentes utilizaron medidas de fuerza no letal, entre ellas proyectiles de impacto y unidades caninas, hasta lograr la detención del sospechoso. La Fiscalía señaló que estas acciones fueron evaluadas bajo las condiciones que enfrentaban los oficiales en ese momento.
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El informe final, de 15 páginas, determinó que el uso de fuerza fue proporcional y justificado conforme al contexto del incidente. El documento fue entregado al departamento de policía correspondiente y quedó disponible al público como parte de un esfuerzo de transparencia institucional.
