Residentes, organizaciones ambientales y defensores de salud pública criticaron la decisión del Distrito de Control de la Contaminación del Aire de San Diego de no avanzar con el proceso para desarrollar una regla destinada a reducir emisiones vinculadas a almacenes, tráfico de camiones diésel y operaciones de carga en comunidades cercanas a puertos, corredores logísticos y zonas fronterizas.
La propuesta buscó iniciar el desarrollo de una Regla de Fuente Indirecta para Almacenes, conocida como ISR por sus siglas en inglés, con el objetivo de explorar medidas para reducir la contaminación generada por centros de distribución y transporte pesado. Entre las posibles acciones se incluyeron camiones de cero emisiones, infraestructura de carga eléctrica y operaciones de carga más limpias.
La decisión se produjo después de testimonios de residentes, expertos en salud pública y defensores ambientales, además de una manifestación comunitaria frente al County Administration Center. En la movilización participaron residentes de Barrio Logan, National City, San Ysidro y Otay Mesa, comunidades que durante años habían denunciado una alta exposición a emisiones diésel.
Organizaciones comunitarias señalaron que el retraso dejó a vecindarios portuarios y fronterizos expuestos a niveles elevados de contaminación, en un contexto de debilitamiento de protecciones federales de aire limpio. También recordaron que San Diego había sido clasificado entre las regiones con peor contaminación por partículas durante todo el año y con altos niveles de ozono.
De acuerdo con los datos presentados por los defensores de la medida, la contaminación diésel en zonas portuarias y fronterizas estuvo relacionada con riesgos graves para la salud, incluidos cáncer, muerte prematura, hospitalizaciones por enfermedades cardíacas y pulmonares, asma y reducción de la función pulmonar en menores. En comunidades como Barrio Logan, West National City y Otay Mesa, la exposición a contaminación diésel superó la de más del 90% de las comunidades de California.
La votación del consejo fue de 5 a 4 en contra de iniciar el proceso de elaboración de la regla. La decisión no representó un rechazo a una regulación final, sino a comenzar el proceso público para diseñarla y discutirla.
Defensores ambientales lamentaron que la mayoría del consejo no hubiera permitido avanzar la conversación regulatoria. Señalaron que los camiones medianos y pesados representaron una pequeña parte del total de vehículos en el condado, pero generaron una proporción significativa de las emisiones de partículas diésel, lo que reforzó el llamado a una acción local más firme.
La discusión dejó abierta la posibilidad de nuevas presiones comunitarias para retomar el tema en el futuro. Organizaciones como Environmental Health Coalition, Sierra Club San Diego y Climate Action Campaign advirtieron que continuarían impulsando medidas para reducir emisiones, proteger la salud pública y atender la carga ambiental que afectó de manera desproporcionada a comunidades portuarias y fronterizas.
