La Fiscalía General de Baja California, la Fiscalía de Distrito del Condado de San Diego y el Centro de Justicia para las Mujeres renovaron un convenio de colaboración para fortalecer la atención de casos de violencia de género, deudores alimentarios y agresores que intentan cruzar la frontera para evadir responsabilidades legales.
La firma del acuerdo buscó cerrar espacios de impunidad en una región donde miles de personas cruzan diariamente entre Tijuana y San Diego por trabajo, escuela, familia o actividades personales. Autoridades señalaron que la violencia contra las mujeres no se detuvo en la línea fronteriza, por lo que la coordinación institucional se volvió clave.
La fiscal de Baja California, María Elena Andrade, destacó que este convenio era fundamental porque la delincuencia no reconoce fronteras, especialmente cuando se trata de mujeres víctimas que llegan a ciudades como Tijuana y Mexicali desde distintas partes del mundo.
Uno de los puntos centrales del acuerdo fue atender casos de padres o exparejas que intentaron evadir responsabilidades familiares, principalmente relacionadas con la pensión alimenticia. También se advirtió que contraer matrimonio en Estados Unidos mientras se mantiene un vínculo legal en México podría constituir un delito.
“Son casos de padres o exparejas que tratan de evadir la responsabilidad de una u otra manera. El objetivo es cerrarles las puertas a este tipo de delincuentes”, señaló Andrade.
Para colectivos de acompañamiento a madres víctimas de violencia económica, el reto principal continuó siendo la opacidad financiera. En ciudades fronterizas como Tijuana, algunas personas trabajaron y recibieron ingresos en dólares en Estados Unidos, pero declararon cantidades menores ante juzgados familiares en México.
Estefanía Placencia, del colectivo CESODI, explicó que esta dinámica permitió a algunos progenitores ocultar sus ingresos reales y aportar montos que ellos consideraban convenientes, sin reflejar su verdadera capacidad económica.
El nuevo convenio binacional buscó delinear mecanismos de investigación, intercambio de información y coordinación entre autoridades para frenar estas prácticas, así como fortalecer la protección de mujeres que enfrentaron violencia familiar, económica o institucional.
Actualmente, la Fiscalía de Baja California mantiene activas miles de medidas de protección en el estado. Andrade subrayó que este tipo de herramientas pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte de una mujer, por lo que la colaboración con San Diego representa un paso importante para atender una problemática que afecta a familias de ambos lados de la frontera.
