La justicia norteamericana intensifica el combate al narcotráfico
El gobierno de Estados Unidos triplicará las acusaciones formales contra funcionarios de México señalados por cooperar con el narcotráfico internacional. La nueva directiva de la fiscalía norteamericana surge tras la entrega voluntaria de dos exsecretarios sinaloenses, quienes junto a otros políticos de la región son investigados por presuntos vínculos con organizaciones delictivas en la frontera.
La medida forma parte de las políticas federales impulsadas tras la reciente designación de los cárteles latinoamericanos como organizaciones terroristas. Las autoridades del Departamento de Justicia ordenaron a sus fiscales federales aplicar tácticas más agresivas, permitiendo imputar cargos por proporcionar apoyo material a grupos criminales además de los delitos tradicionales de distribución de drogas.
Diversas agencias de seguridad estadounidenses señalaron que las imputaciones recientes contra miembros del gobierno de Sinaloa, incluyendo al gobernador con licencia, Rubén Rocha, no representan un caso aislado en la estrategia bilateral. Los mandos policiales responsabilizan directamente a los servidores públicos corrompidos por facilitar el ingreso de sustancias ilícitas que generan graves problemas de salud pública en las comunidades norteamericanas.
Los litigantes norteamericanos anticipan un incremento sustancial en las órdenes de captura y solicitudes de extradición durante los próximos meses. Las instituciones judiciales mantienen un monitoreo constante sobre las redes de complicidad institucional en territorio mexicano, exhortando a la cooperación internacional para desmantelar los esquemas de protección que fortalecen a las agrupaciones delictivas.
