Un juez federal en California bloqueó a nivel nacional una política de la administración Trump que había permitido arrestos migratorios dentro de tribunales de inmigración, al considerar que el cambio de reglas no había sido justificado de manera suficiente por las autoridades federales.
El fallo fue emitido por el juez federal P. Casey Pitts, del Distrito Norte de California, quien determinó que las medidas aplicadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración habían sido “arbitrarias y caprichosas” bajo la Ley de Procedimiento Administrativo.
La decisión dejó sin efecto una política que había ampliado la capacidad de agentes migratorios para detener a personas que acudían a audiencias en cortes de inmigración. De acuerdo con el criterio judicial, el Gobierno no había explicado de forma razonada por qué había eliminado restricciones previas que buscaban proteger el acceso de los inmigrantes a sus procesos legales.
El juez también señaló que las autoridades no habían considerado suficientemente el posible efecto disuasorio que estos arrestos habían provocado entre personas que debían presentarse ante un tribunal. Según el análisis del caso, la posibilidad de ser detenidas al acudir a una audiencia había generado temor y había podido afectar la participación de inmigrantes en sus propios procedimientos.
La resolución también impactó una regla que había permitido mantener a no ciudadanos en centros de detención temporal hasta por 72 horas. Con el fallo, se restablecieron límites más estrictos, incluidos criterios anteriores que habían reducido ese periodo y que habían restringido los arrestos en cortes a casos excepcionales, como amenazas a la seguridad pública o nacional.
El caso surgió a partir de la detención de un solicitante de asilo después de una audiencia en San Francisco. Ese hecho formó parte de los argumentos presentados contra la política, al señalar que las cortes de inmigración habían quedado expuestas a operativos que podían interferir con el debido proceso.
El Departamento de Seguridad Nacional rechazó la decisión y calificó el fallo como una intromisión judicial en las labores de control migratorio. Sin embargo, la resolución marcó un revés legal para la estrategia migratoria de la administración Trump y dejó abierta la posibilidad de nuevas apelaciones o ajustes a las políticas federales de arrestos en tribunales.
