La Corte Suprema de Estados Unidos falló este martes a favor del gobierno del presidente Donald Trump en un caso migratorio relacionado con residentes permanentes legales, conocidos como titulares de green card, acusados de cometer delitos.
La decisión, tomada por 6 votos contra 3, fortalece la autoridad del gobierno federal para colocar bajo una figura de control migratorio a residentes permanentes cuando existen señalamientos criminales, incluso antes de que se establezca con un estándar probatorio más alto si cometieron ciertos delitos.
El caso se centró en Muk Choi Lau, un residente permanente legal que en 2012 fue colocado bajo “parole” migratorio por un oficial de inmigración al regresar de un viaje corto a China, debido a que había sido acusado de un delito relacionado con productos falsificados.
Lau argumentó que el oficial excedió su autoridad y que esa decisión permitió al Departamento de Seguridad Nacional iniciar de forma rápida un proceso de deportación después de que se declaró culpable de vender ropa falsificada en Nueva Jersey.
La mayoría de la Corte rechazó ese argumento. En la opinión del tribunal, el juez Clarence Thomas sostuvo que los oficiales fronterizos no tenían la carga de demostrar con evidencia “clara y convincente” que Lau había cometido un delito de vileza moral para tomar esa decisión migratoria.
La jueza Ketanji Brown Jackson discrepó del fallo y advirtió que la decisión dejó a Lau en una especie de “limbo migratorio” antes de haber sido condenado por algún delito. Su postura fue respaldada por los otros dos jueces liberales de la Corte.
Grupos defensores de migrantes expresaron preocupación por el alcance del fallo, al considerar que podría abrir una vía más amplia para retirar beneficios migratorios o acelerar procesos contra residentes permanentes. En contraste, organizaciones conservadoras celebraron la decisión al considerar que permite remover del país a personas que abusan del privilegio de tener residencia legal.
El fallo llega en un momento en que la Corte Suprema analiza otros casos clave de inmigración vinculados con la agenda del gobierno de Trump, incluyendo medidas sobre ciudadanía por nacimiento, asilo y protecciones temporales para migrantes que huyen de guerras o desastres naturales.
Aunque el caso comenzó antes del regreso de Trump a la Casa Blanca, la decisión representa una victoria legal para su administración, que ha defendido una visión más amplia del poder ejecutivo en materia migratoria.
