El Departamento de Justicia de Estados Unidos ordenó a fiscales federales priorizar investigaciones contra esquemas de turismo de nacimiento, después de que la Corte Suprema rechazó el intento del presidente Donald Trump de restringir la ciudadanía automática para personas nacidas en territorio estadounidense.
La instrucción fue enviada el martes 30 de junio, horas después del fallo de la Corte Suprema. La decisión judicial reafirmó la protección de ciudadanía por nacimiento bajo la Enmienda 14, lo que dejó sin efecto una de las propuestas migratorias más agresivas impulsadas por la administración Trump.
Aunque el fallo representó un revés legal para el gobierno, el Departamento de Justicia buscó mantener presión sobre prácticas que consideró abusivas dentro del sistema migratorio. La nueva directriz pidió investigar casos en los que personas habrían ingresado a Estados Unidos bajo pretextos falsos para dar a luz y obtener ciudadanía estadounidense para sus hijos.
De acuerdo con la orden, los fiscales podrían perseguir estos casos mediante leyes existentes relacionadas con fraude de visa, lavado de dinero, robo de identidad y fraude electrónico, dependiendo de la conducta atribuida a quienes organizaron o participaron en esos esquemas.
El llamado no modificó el derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento, pero sí abrió una nueva línea de aplicación penal contra redes que ofrecieron paquetes, asesoría o servicios para facilitar nacimientos en Estados Unidos mediante declaraciones falsas o documentación irregular.
La medida también se vinculó con una iniciativa previa del Departamento de Seguridad Nacional enfocada en el turismo de nacimiento. Con ello, el gobierno intentó reforzar su estrategia migratoria desde el terreno penal, aun después de que la Corte Suprema mantuvo vigente la interpretación tradicional de la ciudadanía para casi todas las personas nacidas en suelo estadounidense.
El nuevo frente legal dejó claro que la administración Trump buscó continuar su ofensiva migratoria por otras vías. Tras perder la batalla constitucional sobre la ciudadanía por nacimiento, el gobierno enfocó su respuesta en investigar posibles fraudes asociados con viajes, visas y servicios organizados alrededor de nacimientos en Estados Unidos.
