La administración del presidente Donald Trump preparó un plan para revocar hasta 200 mil visas de turismo y negocios de extranjeros que ingresaron legalmente a Estados Unidos y posteriormente solicitaron asilo para permanecer en el país. La medida estuvo dirigida a personas que obtuvieron documentos B1 o B2 y representó una nueva ampliación de la política migratoria impulsada por el gobierno estadounidense.
El Departamento de Estado evaluó la cancelación de visas emitidas entre 2016 y 2026 a extranjeros que inicialmente declararon que realizarían viajes temporales por turismo o negocios, pero que después iniciaron procedimientos de asilo dentro de Estados Unidos.
La revisión se enfocó en determinar si esas personas habían utilizado visas temporales con una intención distinta a la manifestada durante el proceso consular. De concretarse en su máxima dimensión, hasta 200 mil documentos pudieron quedar sujetos a revocación, lo que habría representado la mayor cancelación masiva de visas registrada en el país.
Las autoridades aclararon que la pérdida de una visa B1 o B2 no habría provocado automáticamente una deportación inmediata. Las personas que mantuvieron solicitudes de asilo pendientes pudieron continuar con sus procedimientos migratorios mientras sus casos fueron analizados por las autoridades correspondientes.
Sin embargo, quienes resultaron afectados dejaron de conservar las condiciones asociadas con su ingreso como visitantes temporales, lo que modificó su situación migratoria mientras avanzaron sus solicitudes de protección.
La estrategia formó parte de un endurecimiento más amplio de los controles migratorios durante la administración Trump. En aproximadamente un año y medio, unas 175 mil visas habían sido revocadas por diferentes motivos relacionados con disposiciones legales, migratorias y de seguridad.
La posible cancelación de hasta 200 mil documentos amplió el alcance de las revisiones sobre extranjeros que ingresaron con visas temporales y posteriormente buscaron permanecer en Estados Unidos. El proceso quedó sujeto a la evaluación individual de los casos y a posibles impugnaciones legales mientras el gobierno continuó reforzando los controles sobre el uso de visas y las solicitudes de asilo.
