La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional para obligar a quienes aspiraran a la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a renunciar a cualquier otra nacionalidad que poseyeran antes de solicitar su registro como candidatos. La propuesta buscó garantizar que quienes encabezaran los poderes ejecutivos mantuvieran exclusivamente la nacionalidad mexicana durante el ejercicio de sus funciones.
Sheinbaum explicó que la modificación respondió a la necesidad de colocar el interés y la soberanía de México por encima de cualquier vínculo jurídico con otro país. La mandataria señaló que la legislación vigente había generado interpretaciones distintas sobre la posibilidad de que una persona mexicana por nacimiento conservara una segunda nacionalidad mientras ejercía uno de estos cargos.
La iniciativa planteó modificaciones a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, relacionados con los requisitos para ocupar la Presidencia de la República, las gubernaturas estatales y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Para el caso de la Presidencia, la propuesta estableció que cualquier aspirante con una segunda nacionalidad tendría que renunciar a ella antes de solicitar formalmente su registro como candidato. También planteó que quien ocupara el cargo no pudiera adquirir ni solicitar otra nacionalidad durante su mandato.
La reforma también incluyó restricciones para impedir que los titulares de estos cargos utilizaran pasaportes o documentos de identidad expedidos por gobiernos extranjeros, ejercieran derechos políticos vinculados con otra ciudadanía o solicitaran protección diplomática de otro país.
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, explicó que el proyecto buscó resolver una falta de claridad entre las disposiciones constitucionales que exigieron ser mexicano por nacimiento para determinados cargos y aquellas relacionadas con la adquisición de otra nacionalidad.
El proyecto también propuso modificar el artículo 82 para establecer una residencia mínima acumulada de 20 años en México como parte de los requisitos para ocupar la Presidencia de la República.
Sheinbaum sostuvo que la reforma adquirió especial relevancia ante escenarios de posibles injerencias extranjeras y defendió que quienes encabezaran gobiernos en México mantuvieran exclusivamente compromisos jurídicos y políticos con el país.
La iniciativa quedó en manos del Congreso de la Unión para iniciar su proceso legislativo y, al tratarse de una reforma constitucional, requirió posteriormente el respaldo de una mayoría calificada en ambas cámaras y la aprobación de la mayoría de los congresos estatales antes de poder entrar en vigor.
