Familiares de personas desaparecidas, colectivos de búsqueda, activistas, académicos y autoridades se reunieron en el predio conocido como La Gallera, en Tijuana, para exigir avances en los procesos de identificación humana y mantener viva la memoria de quienes fueron víctimas de desaparición. El sitio, relacionado durante años con uno de los episodios más dolorosos de violencia en la ciudad, volvió a convertirse en un punto de encuentro y exigencia para las familias.
La reunión se realizó en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y puso nuevamente sobre la mesa el rezago en las pruebas de ADN, la falta de personal especializado y las limitaciones presupuestales que enfrentaron las instituciones encargadas de las búsquedas e identificaciones.
José Luis Pérez Canchola, director municipal de Derechos Humanos, señaló que la problemática de las desapariciones había permanecido durante años y consideró necesario fortalecer la coordinación entre autoridades y sociedad civil, además de incorporar herramientas científicas y tecnológicas que permitieran acelerar los procesos.
También planteó que las políticas relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas debieron mantenerse más allá de los cambios de gobierno, debido a que la renovación constante de funcionarios e instituciones había provocado retrasos y obligado a reconstruir vínculos con las familias en cada nueva administración.
Fernando Ocegueda, presidente de la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California, destacó la importancia de mejorar los sistemas de comparación genética para facilitar el intercambio de información entre entidades. Sin embargo, advirtió que uno de los principales problemas en Baja California continuó siendo la demora en la entrega y confrontación de resultados de ADN.
El señalamiento coincidió con el sentir de madres buscadoras que manifestaron frustración ante la falta de respuestas. María Jerónima Romo aseguró que las familias continuaron enfrentando sus búsquedas con recursos limitados y sin el respaldo institucional que consideraron necesario.
Ante ese escenario, integrantes de la Universidad Autónoma de Baja California y artistas locales participaron en la dignificación de La Gallera mediante la elaboración de un mural concebido como una obra de memoria y resistencia.
La investigadora Paola Ovalle explicó que la intervención artística buscó construir esperanza en medio del dolor, exigir justicia y mantener presente el llamado a la no repetición, transformando un espacio asociado con la violencia en un sitio de acompañamiento para las familias.
Desde el ámbito legislativo también se destacó la necesidad de avanzar en mecanismos como la declaración de ausencia, que permitió brindar mayor certeza jurídica a familias que enfrentaron durante años las consecuencias legales, económicas y personales de una desaparición.
La Gallera permaneció así como un memorial y como recordatorio de una deuda todavía pendiente con cientos de familias en Tijuana, que continuaron exigiendo identificación de cuerpos, investigaciones efectivas y políticas permanentes que evitaran que cada persona desaparecida terminara reducida a una cifra.
