El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones contra 21 personas y 25 empresas señaladas por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, en una acción que alcanzó a operadores, empresarios y exfuncionarios relacionados con redes ubicadas principalmente en Tijuana y Mexicali. Entre los principales sancionados estuvo Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”.
Las autoridades estadounidenses identificaron a Zambada Sicairos como dirigente de la facción conocida como Los Mayos después de la detención de su padre, Ismael “El Mayo” Zambada, ocurrida en 2024. El gobierno estadounidense le atribuyó participación en actividades de narcotráfico, extorsión, corrupción y secuestro, señalamientos que formaron parte de la justificación para imponer las sanciones.
La medida tuvo un impacto particular en Baja California. En Tijuana, fueron nuevamente señalados los hermanos Alfonso Arzate García, “Aquiles”, y René Arzate García, “La Rana”, quienes habían sido previamente sancionados y a quienes las autoridades estadounidenses atribuyeron control sobre operaciones del Cártel de Sinaloa en esa zona fronteriza.
También fueron incluidos Pedro Humberto Martínez Rodríguez, “Gordo Flubber”; Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio, “El Cabezón”; y Franklin Ernesto Huezo Hernández, “El Ranchero”. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los tres habrían participado en actividades violentas y en la producción y traslado de drogas, incluido fentanilo, desde Tijuana hacia Estados Unidos.
Las sanciones alcanzaron además a una red financiera y empresarial que habría operado en Tijuana. Entre los negocios señalados estuvo Galerías Centro Cambiario, conocida como “Magic Casa de Cambio”, que fue acusada por autoridades estadounidenses de participar en operaciones destinadas a trasladar y lavar recursos provenientes del narcotráfico.
Otras empresas relacionadas con seguridad, bienes raíces, espectáculos, publicidad y combustibles también fueron incluidas. Entre ellas aparecieron Baja Fixer Group, Private Equity Baja, Conciertos y Espectáculos Inhouse y Xolo Gas de Baja California.
En Mexicali, la acción se concentró en una presunta red vinculada con Los Rusos, grupo identificado por autoridades estadounidenses como una facción relacionada con Los Mayos. Dentro de este apartado fueron sancionados Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California; su hermano Luis Alfonso Torres Torres; y Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali.
El gobierno estadounidense afirmó que estas personas habrían utilizado relaciones políticas, pagos y estructuras empresariales para facilitar operaciones del Cártel de Sinaloa. Estos señalamientos correspondieron a acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses y no constituyeron por sí mismos una sentencia penal.
Como consecuencia de las sanciones, los bienes e intereses de las personas y empresas designadas que se encontraran en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses quedaron bloqueados, mientras las transacciones con ellas quedaron generalmente prohibidas salvo autorización correspondiente.
La medida amplió la presión financiera de Estados Unidos sobre estructuras señaladas como vinculadas al Cártel de Sinaloa en Baja California, con especial atención en redes que, según las autoridades estadounidenses, participaron en tráfico de drogas, lavado de dinero y apoyo a operaciones criminales en Tijuana y Mexicali.
