San Diego | Este lunes, la Corte Suprema de Estados Unidos escuchará los argumentos en el caso “Grants Pass vs Johnson”, que podría determinar cómo las ciudades gestionan los campamentos de personas en situación de calle.
El caso surgió a raíz de una disputa en Grants Pass, Oregón, en donde las autoridades comenzaron a imponer multas de $295 dólares a quienes dormían al aire libre. Sin embargo, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco revocó en gran parte estas acciones en 2018, argumentando que dichas prohibiciones violan la Octava Enmienda al castigar a personas por circunstancias fuera de su control.
La medida buscaba gestionar los campamentos que surgieron en parques públicos ante el incremento del costo de la vivienda.
El dictamen de la corte, esperado para el mes de junio, podría otorgar a las ciudades más autonomía para regular estos campamentos en propiedades públicas.
El alcalde de San Diego, Todd Gloria, por otra parte destacó en su discurso sobre el estado de la ciudad a principios de este año, el éxito de la prohibición de acampar, la cual, afirmó, ha reducido la población sin hogar en el centro de la ciudad en un 60% desde mayo de 2023. Aun así, la ejecución de esta ordenanza ha generado considerable controversia respecto a cómo puede ser aplicada legalmente.
En contraparte, la “San Diego Housing Emergency Alliance” organizó una manifestación para apoyar los derechos de las personas sin hogar, iluminando un letrero que decía “Vivienda = Vida” sobre la Interestatal 5.
