La Corte Suprema de Estados Unidos acordó este lunes revisar si es constitucional la ley federal que prohíbe la posesión de armas por parte de personas que usan drogas. La decisión, impulsada por la administración Trump, se espera para el próximo verano y representa el más reciente frente en la disputa sobre la Segunda Enmienda.
La ley federal vigente prohíbe que cualquier persona que sea “usuario ilegal o adicto a cualquier sustancia controlada” posea un arma de fuego, con penas de hasta 10 años de prisión por violarla. Según el Fiscal General D. John Sauer, este es un caso “arquetípico” para que la Corte lo revise.
El caso que será revisado involucra a Ali Danial Hemani, acusado de portar un arma mientras supuestamente era un consumidor habitual de marihuana. La Fiscalía halló cocaína, marihuana y un arma Glock 19 en su domicilio. Un tribunal de apelaciones desestimó los cargos porque los fiscales no habían alegado que Hemani estuviera bajo influencia al momento de encontrarse el arma, argumentando que una interpretación tan amplia de la ley no cumpliría con la Segunda Enmienda.
La Justicia también señaló presuntos vínculos de Hemani con la Guardia Revolucionaria Iraní, incluyendo un viaje a Irán en 2020 para celebrar a Qasem Soleimani, el general iraní asesinado por un dron estadounidense bajo órdenes del presidente Trump. Hemani calificó esas acusaciones como “irrelevantes” en sus documentos legales.
El anuncio de la Corte Suprema llega tras un cierre temporal del gobierno que dejó sin fondos al tribunal durante el fin de semana, aunque el trabajo sobre casos pendientes continúa normalmente. La decisión de la Corte tendrá un impacto importante en la aplicación futura de este delito federal y medidas similares a nivel estatal, que según el Departamento de Justicia existen en más de 30 estados.
Grupos defensores de la Segunda Enmienda buscan impugnar la ley federal, mientras que la administración Trump la defiende, a pesar de su apoyo general a los derechos de armas. Los jueces de instancias inferiores han tenido fallos divididos sobre la constitucionalidad del delito después de la expansión de derechos de armas de la Corte Suprema en 2022, la cual exige que las medidas de control de armas sean consistentes con la tradición histórica de regulación de armas en EE.UU.
Este caso representa una nueva oportunidad para que los jueces definan los límites de la prueba de la Segunda Enmienda, tras un fallo reciente que permitió la criminalización de armas en personas bajo órdenes de restricción por violencia doméstica, y se suma a otro caso pendiente sobre la constitucionalidad de la ley de Hawái que prohíbe portar armas ocultas en propiedades privadas sin el permiso del propietario.
