Cinco residentes de San Diego demandaron a la ciudad por considerar que la nueva tarifa de recolección de basura viola la ley estatal al no basarse en el costo real del servicio. La queja, presentada el 19 de mayo, argumenta que el cobro y su notificación incumplen la Proposición 218, que exige tarifas proporcionales y comunicación clara a los afectados.
Los demandantes alegan que la tarifa está basada en estimaciones arbitrarias y no en costos reales. Acusan además a las autoridades municipales de realizar reuniones secretas para planear la propuesta y de querer cobrarla mediante el impuesto predial sin contar con un registro exacto de los usuarios afectados. La audiencia pública sobre esta tarifa está programada para el 9 de junio.
