El Congreso de Baja California recibió una iniciativa de reforma al Código Penal que busca endurecer las sanciones contra quienes realicen la práctica conocida como “halconeo”, es decir, la vigilancia y recopilación de información utilizada por la delincuencia para facilitar delitos.
De acuerdo con autoridades estatales, en lo que va de la administración se han retirado más de 1,600 cámaras de origen desconocido instaladas en la vía pública, muchas de ellas utilizadas por grupos criminales como sistemas de monitoreo paralelo. Actualmente, el Gobierno de Baja California mantiene un registro oficial de 4,310 cámaras, mientras que las retiradas habrían servido para organizar y planear actividades ilícitas.
El presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso local, Jorge Ramos, subrayó que esta reforma no afectará a los ciudadanos que cuenten con sistemas de videovigilancia particulares en sus domicilios o negocios. El objetivo, explicó, es sancionar únicamente aquellas instalaciones utilizadas para informar a organizaciones criminales sobre movimientos de autoridades o de rivales.
La propuesta contempla sanciones de 5 a 8 años de prisión para quienes incurran en esta práctica. La iniciativa fue firmada y presentada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila durante su reunión semanal con medios de comunicación, en la que destacó la importancia de combatir los mecanismos de espionaje criminal en la frontera.
