SAN DIEGO, California. — Un juez federal programó para el 15 de abril a la 1:00 p.m. una audiencia en la demanda presentada por el Condado de San Diego para determinar si las autoridades federales pueden impedir inspecciones de salud pública autorizadas por leyes estatales dentro de centros federales de detención migratoria.
El caso busca obligar al Department of Homeland Security (DHS), al U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) y a la empresa privada CoreCivic a permitir que el oficial de salud pública del condado realice una inspección completa en el Otay Mesa Immigrant Detention Center, mientras el proceso judicial continúa.
La demanda solicita una orden judicial preliminar para hacer cumplir la autoridad de inspección establecida en una ley aprobada en 2024 en California, que permite a funcionarios locales investigar condiciones de salud y seguridad en centros de detención migratoria privados dentro de su jurisdicción.
El Condado de San Diego se convirtió en el primer condado del estado en intentar ejercer esta autoridad, lo que podría convertir el caso en una prueba legal clave sobre los límites entre las facultades federales y estatales en materia de supervisión sanitaria.
La presidenta de la Junta de Supervisores del condado, Terra Lawson-Remer, señaló que las agencias federales no pueden ignorar las leyes de salud pública del estado.
“Las agencias federales no pueden simplemente cerrar la puerta y desestimar la ley estatal de salud pública”, afirmó. “Pedimos una acción urgente para que nuestro oficial de salud pública pueda verificar las condiciones dentro de la instalación y proteger la salud de los detenidos, del personal y de la comunidad”.
Funcionarios del condado indicaron que la urgencia radica en que la falta de acceso impide cumplir con obligaciones legales destinadas a proteger la salud pública.
Por su parte, la supervisora del distrito, Paloma Aguirre, afirmó que el caso busca transparencia sobre las condiciones dentro del centro de detención.
“Los reportes de maltrato a detenidos son profundamente preocupantes. Cuando se bloquean las inspecciones, se ocultan las verdaderas condiciones de salud y seguridad que afectan a detenidos, trabajadores y a nuestra comunidad”, declaró.
Las autoridades del condado solicitaron inicialmente realizar la inspección en febrero tras recibir quejas sobre las condiciones dentro del centro. Aunque en un principio las autoridades federales autorizaron la visita, posteriormente revirtieron la decisión y negaron el acceso completo.
Debido a que es la primera vez que un condado intenta aplicar esta nueva ley de inspecciones en centros de detención migratoria, el resultado del caso podría definir cómo se supervisan estas instalaciones en California e incluso influir en disputas similares en otras partes del país.
La senadora estatal María Elena Durazo, autora de la legislación que otorga esta facultad a los condados, respaldó la demanda y afirmó que todas las personas detenidas, independientemente de su estatus migratorio, merecen trato digno y condiciones humanas dentro de estas instalaciones.
