Baja California fortalece la protección jurídica de los animales tras la aprobación de una reforma al Código Penal del Estado y a la Ley de Protección de los Animales Domésticos, con la que se incrementan de manera significativa las penas por maltrato y crueldad animal.
La modificación representó un avance relevante dentro de la agenda de protección animal en la entidad, luego de que el Pleno del Congreso del Estado aprobara por unanimidad las reformas impulsadas desde la sociedad civil en coordinación con el Gobierno estatal.
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Con 16 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, las y los legisladores respaldaron cambios que ampliaron los supuestos que configuran el delito de maltrato y crueldad animal. Entre las nuevas conductas incorporadas quedaron la desnutrición provocada y el abandono, acciones que anteriormente no estaban contempladas con la misma claridad en el marco legal.
La reforma también estableció un esquema de sanciones más severo y proporcional al daño causado. Las penas de prisión pasaron de un rango anterior de tres meses a dos años a nuevas sanciones que irán de uno a cinco años y, en los casos más graves, de tres a ocho años.
Uno de los cambios más relevantes fue que el delito de maltrato animal pasó a perseguirse de oficio, lo que permitió a las autoridades actuar sin necesidad de que exista una denuncia previa. Con ello, se buscó facilitar la intervención institucional en casos donde antes la falta de denuncia podía frenar el inicio de investigaciones.
Además, la reforma contempló la creación del Registro Estatal de Agresores de Animales, una medida con la que se impedirá que personas sancionadas por estos delitos puedan adquirir, poseer o tener bajo su cuidado a un animal. Ese punto fue presentado como un mecanismo adicional para prevenir la reincidencia y reforzar la protección de los animales domésticos.
En el posicionamiento difundido tras la aprobación, organizaciones como Abogados Animalistas México y el Grupo de Investigación y Derecho Animal (GIDA) destacaron que el nuevo marco legal fue resultado de un trabajo conjunto con autoridades estatales y reconocieron la participación de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado en la redacción de la propuesta.
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Con esta reforma, Baja California dio un paso importante hacia un marco legal más estricto en materia de bienestar animal, en una señal de que la protección de los animales comenzó a ocupar un lugar más firme dentro de la política pública y la justicia penal en la entidad.
