El fiscal general de California, Rob Bonta, pidió a líderes de California City rechazar las solicitudes de CoreCivic para continuar operando el California City Correctional Facility como centro de detención migratoria, al señalar presuntas irregularidades en sus permisos, operación y condiciones internas.
La postura fue presentada mediante comentarios oficiales enviados a autoridades municipales, donde Bonta expresó preocupación por lo que calificó como solicitudes incompletas, defectuosas y con información engañosa sobre el uso actual de la instalación.
De acuerdo con la Fiscalía General de California, CoreCivic comenzó a recibir personas detenidas por autoridades federales de inmigración en agosto de 2025 sin contar con una licencia comercial ni otros permisos requeridos por el código municipal. En menos de dos semanas, el centro ya albergaba a unas 500 personas, y para enero de 2026 la población detenida había superado las 1,400.
Durante inspecciones realizadas por el Departamento de Justicia de California en noviembre de 2025, las autoridades reportaron múltiples problemas dentro del centro, incluyendo falta de personal suficiente, atención médica limitada, puestos vacantes, registros incompletos, deficiencias en procesos internos y espacios de vivienda insalubres.
El reporte también señaló presuntas violaciones a estándares de detención de ICE, entre ellas falta de acceso a especialistas médicos externos, exposición de detenidos a temperaturas extremadamente frías, filtraciones de agua de lluvia y problemas de plomería en áreas habitadas, alimentación inadecuada, confinamientos prolongados y falta de tiempo recreativo.
Bonta afirmó que la instalación fue abierta sin la preparación adecuada para recibir a una población creciente de personas detenidas por motivos migratorios. También sostuvo que CoreCivic busca ahora regularizar su operación mediante solicitudes que, según su oficina, no cumplen con los requisitos del código municipal.
En febrero de 2026, la ciudad aprobó una licencia comercial y una revisión del plan de sitio para las operaciones migratorias de CoreCivic. Sin embargo, posteriormente se presentó una apelación administrativa contra esas autorizaciones.
El fiscal general argumentó que California City no debe aprobar una licencia comercial ni un plan de sitio si las solicitudes omiten información requerida, contienen representaciones materiales incorrectas o no cumplen con las normas de zonificación. Según Bonta, el uso del inmueble como centro de detención migratoria viola regulaciones municipales y el permiso condicional existente para la instalación.
La Fiscalía también cuestionó la capacidad autorizada del centro, al señalar que el permiso vigente permitiría hasta 2,304 camas, no las 2,816 que la ciudad habría considerado como autorizadas.
El llamado de Bonta forma parte de una estrategia más amplia de la Fiscalía de California para revisar las condiciones en centros de detención migratoria del estado. En semanas recientes, su oficina también ha impulsado acciones legales relacionadas con instalaciones de ICE y ha publicado reportes sobre condiciones que considera inaceptables en centros de detención.
El caso mantiene bajo presión a CoreCivic y a las autoridades municipales de California City, que deberán resolver si permiten la continuidad de las operaciones migratorias en una instalación cuestionada por presuntas fallas legales, administrativas y humanitarias.
