El gobernador Gavin Newsom firmó la AB 2344, una nueva ley que agilizó el proceso para que animales confiscados legalmente en casos de maltrato o abandono pudieran salir de refugios y avanzar hacia una adopción u otra colocación segura, sin permanecer durante meses a la espera de que concluyeran procesos penales contra sus propietarios.
La legislación, impulsada por el asambleísta Matt Haney, corrigió una diferencia en la ley estatal que había generado incertidumbre sobre qué procedimiento aplicar cuando un animal era retirado de una situación peligrosa mediante determinados tipos de incautación, incluidas algunas intervenciones de emergencia sin orden judicial.
Antes del cambio, California ya contempló mecanismos para que refugios y agencias de control animal recuperaran los costos de cuidado y determinaran cuándo un animal podía considerarse abandonado. La AB 2344 extendió expresamente ese procedimiento a animales confiscados legalmente bajo cualquier disposición de la legislación estatal.
La modificación permitió que, una vez cumplidos los requisitos correspondientes, los refugios no tuvieran que mantener indefinidamente a los animales mientras avanzaron causas penales que pudieron prolongarse durante meses.
El cambio también buscó reducir la presión sobre instalaciones que enfrentaron problemas de espacio y gastos derivados de alimentación, atención veterinaria y cuidado prolongado de animales que permanecieron retenidos durante procesos judiciales.
La legislación no amplió las facultades de las autoridades para confiscar animales, sino que estableció reglas más uniformes sobre lo que ocurrió después de una incautación legal y sobre la responsabilidad del propietario respecto a los costos generados por su cuidado.
La AB 2344 fue aprobada por la Legislatura y quedó incorporada como el Capítulo 599 de las leyes de California después de recibir la firma del gobernador el 27 de septiembre. Al no tratarse de una medida de urgencia, su entrada en vigor quedó prevista para el 1 de enero de 2027.
La nueva ley buscó reducir el tiempo que animales rescatados de situaciones de crueldad o abandono permanecieron en refugios por cuestiones procesales, al ofrecer una ruta más clara para resolver su situación y permitir que avanzaran hacia un entorno permanente y seguro.
