La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) y el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California (CCSPBC) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la protección de los derechos fundamentales y vigilar que el uso de nuevas tecnologías y las estrategias de seguridad no deriven en prácticas discriminatorias o abusos.
Durante la firma del acuerdo, representantes de ambas instituciones señalaron que la inteligencia artificial representa uno de los nuevos desafíos en materia de derechos humanos, ante la posibilidad de que sus aplicaciones reproduzcan prácticas discriminatorias o vulneren garantías individuales.
Riesgos de la inteligencia artificial
El presidente de la CEDHBC, Jorge Álvaro Ochoa Orduño, señaló que existe preocupación por los efectos que ya puede tener la inteligencia artificial sobre los derechos humanos a nivel internacional.
Ante este escenario, consideró necesario establecer mecanismos de coordinación que permitan anticiparse a los posibles riesgos derivados del desarrollo y aplicación de estas tecnologías.
Por su parte, el presidente del CCSPBC, Edgardo Flores Campbell, destacó la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la opacidad para fortalecer a las instituciones.
También resaltó el papel de los medios de comunicación como actores relevantes para exigir cuentas a las autoridades y mantener las acciones de seguridad bajo escrutinio público.
Capacitación y supervisión
El convenio contempla establecer mecanismos para procurar que las acciones y estrategias de seguridad pública en Baja California se desarrollen con apego a la legalidad y respeto a los derechos fundamentales.
También prevé programas de capacitación, talleres y actividades de sensibilización dirigidos a servidores públicos y elementos de corporaciones policiales, con énfasis en legalidad, profesionalismo y respeto a la dignidad humana.
Participación ciudadana
Otro de los objetivos será promover la participación ciudadana, la cultura de la denuncia y la no discriminación.
Ambas instituciones también buscarán generar mecanismos de coordinación para identificar y atender causas estructurales relacionadas con la violencia y la criminalidad.
El acuerdo pretende ampliar la colaboración frente a los retos tradicionales de seguridad pública y ante nuevos desafíos vinculados con tecnologías como la inteligencia artificial, con énfasis en controles, transparencia y supervisión.
