Según el plan de la administración Biden, se espera que medio millón de migrantes podrían conseguir la ciudadanía estadounidense, para protegerlos a ellos y sus familias de la deportación, como nos lo explica una abogada de inmigración.
El presidente Joe Biden anunció en junio de este año, que los inmigrantes que viven en Estados Unidos sin estatus legal pero están casados con ciudadanos estadounidenses, tendrán protección contra la deportación. Para calificar, deben haber llegado hace 10 años o más y estar casados con un ciudadano estadounidense.
Aquellos que cumplan con estos criterios podrán obtener permisos de trabajo y podrán iniciar el camino hacia la ciudadanía mientras trabajan y viven en Estados Unidos legalmente.
La administración Biden estima que alrededor de 500.000 cónyuges inmigrantes de ciudadanos estarán protegidos contra la deportación con este cambio de política.
En general, tener un familiar directo que sea ciudadano de los EE. UU. le da a un ciudadano extranjero la oportunidad de vivir legalmente en los EE. UU. con residencia permanente y un camino hacia la ciudadanía.
Una ley de 1996 llamada Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Inmigrantes impuso duras sanciones para las personas que vivían en los EE. UU. sin estatus migratorio legal.
Durante las últimas décadas, millones de inmigrantes que vivían en los Estados Unidos sin permiso legal pero estaban casados con ciudadanos estadounidenses no han obtenido un estatus migratorio legal.
La administración dijo en un comunicado de prensa que desea tanto “asegurar la frontera” como ampliar “las vías legales para mantener unidas a las familias”.
Los análisis económicos que miden el impacto de la ampliación de la autorización de trabajo y el acceso a la ciudadanía predicen que esto creará nuevos empleos, impulsará los ingresos en todas las comunidades, aumentará los ingresos fiscales locales y federales y alentará el crecimiento económico continuo.
En esencia, este cambio de política beneficia a las familias estadounidenses y protege los derechos de los ciudadanos estadounidenses a mantener unidas a sus familias e incluso vivir en su propio país.
