El concejal del Distrito 3 de San Diego, Stephen Whitburn, cambió su postura sobre el uso de cámaras de vigilancia policial y se sumó a otros cuatro integrantes del Concejo que buscan cancelar el contrato vigente.
La propuesta responde a las preocupaciones de miembros de la comunidad sobre posibles violaciones a la privacidad y el riesgo de que la información recopilada sea compartida con agencias migratorias.
Whitburn señaló que comprende estas inquietudes, especialmente porque su distrito concentra una cantidad considerable de estos dispositivos.
¿Cómo funciona el sistema de vigilancia?
Las cámaras utilizadas por el Departamento de Policía de San Diego incluyen lectores automáticos de placas, conocidos como ALPR, instalados en postes y semáforos en distintos puntos de la ciudad.
En 2023, el Concejo aprobó un contrato de cinco años para instalar 500 cámaras inteligentes, mediante un acuerdo con la empresa Ubicquia, que incorpora tecnología de Flock Safety. El sistema comenzó a utilizarse en 2024.
Desde entonces, el Departamento de Policía asegura que esta tecnología ha contribuido a resolver más de 900 casos.
Jefe del Departamento de Policía de San Diego defiende el programa
Tras el cambio de postura de Whitburn, el jefe de Policía defendió el sistema y aseguró que su departamento nunca ha compartido información obtenida mediante estas cámaras con fines de control migratorio.
También sostuvo que las decisiones relacionadas con la seguridad pública deben basarse en hechos y no en intereses políticos.
Algunos residentes respaldan el uso de estos dispositivos porque consideran que contribuyen a mejorar la seguridad en sus vecindarios.
Sin embargo, las preocupaciones sobre la vigilancia, el acceso a los registros y el manejo de los datos han generado oposición al programa.
Demanda cuestiona el manejo de los datos
El debate también llegó a los tribunales. El mes pasado, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) local y la organización PANA presentaron una demanda contra la ciudad por las preocupaciones relacionadas con el uso de esta tecnología.
La controversia cobró fuerza después de que una investigación periodística de CalMatters documentara que distintas corporaciones policiales de California, incluido el Departamento del Alguacil del Condado de San Diego, realizaron búsquedas de placas a solicitud de agencias federales, entre ellas el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza.
Estos señalamientos han intensificado el debate sobre los límites de la vigilancia policial y las garantías para proteger la información de los residentes.
Durante las discusiones presupuestarias de junio de este año, los concejales Sean Elo-Rivera, Henry Foster, Vivian Moreno y Kent Lee ya habían respaldado una propuesta para retirar el financiamiento de las cámaras, cuyo costo anual ronda los 2.2 millones de dólares.
Con Whitburn sumándose a esta postura, el grupo reúne cinco concejales que buscan impulsar la cancelación del contrato.
Whitburn propone destinar esos recursos a la contratación de más agentes policiales, con la intención de mantener la capacidad de respuesta del departamento sin depender de esta tecnología.
Un informe y las elecciones podrían definir el futuro del programa
Se espera que hacia finales de año el Concejo reciba un nuevo informe sobre el uso de las cámaras de vigilancia. Sus conclusiones podrían influir en la decisión sobre la continuidad del programa.
Además, las elecciones de noviembre podrían modificar la composición política del Concejo y, con ello, el respaldo a una posible cancelación del contrato.
