La medida impulsada por la presidenta Nora Vargas divide opiniones en la Junta de Supervisores
San Diego | La Junta de Supervisores del Condado de San Diego aprobó una controvertida política que prohíbe la comunicación y coordinación del gobierno del condado con agencias federales de aplicación de la ley sobre inmigrantes ilegales involucrados en crímenes.
La propuesta, impulsada por la presidenta Nora Vargas, obtuvo una votación de 3 a 1, destacando el respaldo mayoritario de la junta. El único voto en contra fue del supervisor republicano Jim Desmond, quien expresó su rechazo categórico.
Desmond calificó la decisión como “una afrenta a los ciudadanos respetuosos de la ley” y criticó la política por priorizar “intereses ideológicos sobre la seguridad pública y la justicia”.
La medida ha generado un debate intenso entre defensores de los derechos de los inmigrantes y quienes consideran esencial la colaboración con agencias federales para garantizar la seguridad del condado.
