La Junta de Supervisores del Condado de San Diego podría dar este martes el primer paso para llevar a los votantes una reforma profunda a la “constitución” del condado, cambios que no se han hecho desde finales de los 70 ‘s. Uno de los cambios centrales es la extensión de los límites de mandato para los supervisores, que pasarían de dos a tres períodos de cuatro años, un total de hasta 12 años.
Se trata de una de las propuestas de reestructuración más amplias en décadas, impulsada por la supervisora Terra Lawson-Remer, quien busca modernizar el funcionamiento del gobierno del condado. La iniciativa, sin embargo, llega al debate final con divisiones internas y críticas públicas.
En días recientes, el plan generó controversia tras incluir un lenguaje que permitiría a los supervisores vivir fuera del distrito que representan bajo ciertas circunstancias. Ese punto fue cuestionado por algunos integrantes de la Junta, incluyendo al supervisor republicano Jim Desmond, quien lo calificó como ambiguo y difícil de aplicar. El ajuste fue finalmente retirado tras revisiones legales.
Más allá de ese cambio, la reforma propone modificaciones estructurales importantes: por primera vez, se establecerían límites de mandato para cargos como el fiscal de distrito, el alguacil, el tesorero y el tasador, puestos que actualmente no tienen restricciones.
Este punto ha abierto un debate legal, ya que la Asociación de Fiscales de Distrito de California sostiene que parte de la propuesta podría no ser permitida bajo la ley estatal. La oficina de Lawson-Remer responde que el lenguaje fue revisado legalmente y que, si alguna sección es invalidada, el resto de la reforma seguiría en pie.
El plan también contempla la creación de oficinas independientes para análisis presupuestal y auditoría de programas, así como mayor control de los supervisores sobre nombramientos clave dentro del gobierno del condado.
Si la Junta aprueba la medida este martes y nuevamente en mayo, la propuesta pasaría a la boleta electoral de noviembre.
