Chula Vista | Jesús Cárdenas, consultor político y hermano de la ex concejala de Chula Vista, Andrea Cárdenas, fue condenado a 180 días de prisión y dos años de libertad condicional tras declararse culpable de robo mayor.
Además de su condena en custodia, que incluirá 45 días en un programa de trabajo fuera de la cárcel y el resto bajo arresto domiciliario, Cárdenas deberá pagar más de $200,000 dólares en restitución a la Administración de Pequeñas Empresas y al Departamento de Desarrollo del Empleo del estado.
La fiscalía detalló que Jesús Cárdenas, de 41 años, y su hermana adquirieron de manera fraudulenta un préstamo del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) por $176,227 dólares a principios de 2021, destinado a su firma, “Grassroots Resources”.
Se pretendía que el dinero respaldara la nómina de 34 empleados, aunque la mayoría trabajaba en realidad para un dispensario de marihuana cliente de Grassroots. Los fondos fueron utilizados en gastos personales, incluido un cheque de $33,500 dólares para la campaña de Andrea Cárdenas al concejo de la ciudad de Chula Vista y $21,000 dólares que Jesús Cárdenas debía a American Express.
Más adelante, se añadieron cargos adicionales por tomar fondos del Departamento de Desarrollo del Empleo mientras ambos estaban empleados. Los hermanos se declararon culpables el mes pasado, y sus abogados han indicado que solicitarán que los cargos se reduzcan a delitos menores en el futuro.
Andrea Cárdenas, de 32 años, quien renunció a su puesto en el concejo el mes pasado, está programada para ser sentenciada en agosto. Como parte de sus declaraciones de culpabilidad, se desestimaron seis otros cargos de delito grave, incluyendo conspiración, lavado de dinero y no presentación de declaraciones de impuestos.
La defensa de Cárdenas, representada por la abogada Fernanda Ezquerra, expresó al Juez del Tribunal Superior de San Diego, Rachel Cano, que su cliente está “profundamente arrepentido” y reconoce que “fue un error y grave”. Ezquerra mencionó que las dificultades financieras durante la pandemia jugaron un papel en los delitos cometidos.
Por su parte, la fiscal adjunta Chandelle Boyce describió los hechos no como un error puntual, sino como “una serie de decisiones calculadas para robar que se extendieron varios años”, señalando a Jesús Cárdenas como el líder de los esquemas fraudulentos y a Andrea Cárdenas como ejecutora de las tareas asignadas.
Boyce concluyó que sus acciones han contribuido a erosionar la confianza del público en los funcionarios gubernamentales locales.
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