La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó revisar una política de la administración de Donald Trump que negó audiencias de fianza a determinados inmigrantes detenidos mientras enfrentaban procesos de deportación. El caso podría definir si personas que habían vivido durante años en el país tenían derecho a solicitar su liberación mientras sus procedimientos migratorios permanecían pendientes. AP News
El debate llegó al máximo tribunal después de que distintas cortes federales emitieran decisiones contradictorias sobre la interpretación de las leyes migratorias. La mayoría de los tribunales de apelaciones que analizaron la cuestión había concluido que mantener detenidas a estas personas sin una audiencia de fianza contravenía la legislación federal, mientras los circuitos Quinto y Octavo habían respaldado la detención obligatoria en determinados casos. AP News
Caso podría definir quién tiene derecho a una audiencia de fianza
La Corte Suprema aceptó analizar el caso de Ricardo Aparecido Barbosa da Cunha, ciudadano brasileño que había vivido en Estados Unidos durante aproximadamente dos décadas y que solicitó asilo en 2016.
Da Cunha pidió una audiencia de fianza después de que un juez de inmigración determinara que debía permanecer detenido obligatoriamente tras su arresto en septiembre de 2025. Sus abogados señalaron que nunca había sido acusado ni condenado por un delito. AP News
La administración Trump defendió una interpretación de una ley migratoria de 1996 que permitía aplicar la detención obligatoria a inmigrantes que se encontraran en Estados Unidos sin haber sido formalmente admitidos, incluso cuando llevaran años viviendo lejos de la frontera.
Gobierno y defensores de inmigrantes mantienen posiciones distintas
Los abogados del gobierno argumentaron que las decisiones diferentes entre tribunales habían creado una aplicación desigual de la ley migratoria, debido a que algunos inmigrantes podían solicitar una audiencia de fianza dependiendo del lugar del país donde fueran detenidos.
Por su parte, abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles sostuvieron que la nueva interpretación podía afectar a millones de personas no ciudadanas y cuestionaron que la restricción se aplicara también a quienes habían permanecido durante largos periodos dentro de Estados Unidos. AP News
La política representó un cambio frente a prácticas de administraciones anteriores, bajo las cuales muchos inmigrantes sin antecedentes penales detenidos lejos de la frontera podían solicitar que un juez evaluara si debían continuar bajo custodia mientras avanzaba su proceso.
La Corte Suprema tenía previsto escuchar los argumentos durante los próximos meses y su eventual decisión podría establecer un criterio nacional sobre cuándo un inmigrante detenido podía solicitar una audiencia de fianza mientras enfrentaba un proceso de deportación. AP News
