A menos de tres semanas de las elecciones del 2 de junio, la Medida A continúa generando controversia en San Diego por preocupaciones relacionadas con posibles demandas, costos legales y cuestionamientos constitucionales.
Funcionarios y líderes locales realizaron una advertencia frente a la Corte Superior de San Diego, señalando los riesgos financieros y operativos que podría implicar la implementación de la propuesta.
¿Qué propone la Medida A?
La iniciativa plantea la creación de un impuesto anual de hasta 8 mil dólares durante el primer año para propiedades que no sean residencia principal y que permanezcan vacías la mayor parte del año.
El objetivo, según sus impulsores, es incentivar que estas viviendas regresen al mercado habitacional y contribuir a atender la crisis de vivienda en la ciudad.
Posturas divididas entre autoridades
El concejal Raúl Campillo, único integrante del Cabildo que se opone a la medida, advirtió que propuestas similares han sido rechazadas por tribunales en California. Señaló además que avanzar con iniciativas de este tipo podría derivar en litigios costosos para la ciudad.
Otros líderes también han expresado dudas sobre la capacidad de implementación, alertando sobre posibles complicaciones administrativas y de alcance.
Argumentos de los defensores
Quienes respaldan la Medida A sostienen que se trata de una herramienta necesaria para enfrentar la escasez de vivienda y recuperar miles de propiedades que actualmente permanecen desocupadas.
Aseguran que la propuesta busca generar un impacto directo en la disponibilidad de vivienda en San Diego.
Elecciones 2026
La Medida A será decidida por los votantes de la ciudad de San Diego el próximo 2 de junio, en una elección que definirá si avanza o no esta propuesta fiscal enfocada en viviendas vacías.
