El Pentágono autorizó al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos a probar un sistema militar de energía dirigida conocido como Sistema de Denegación Activa, capaz de generar una intensa sensación de calor sobre la piel desde casi un kilómetro de distancia.
La autorización contempla un préstamo temporal del equipo durante siete meses y permite al DHS desarrollar tácticas para evaluar su posible utilización en operaciones en la frontera sur de Estados Unidos.
Sistema genera sensación intensa de ardor
El dispositivo funciona mediante un haz invisible de ondas electromagnéticas que, al entrar en contacto con la piel, provoca una sensación de calor y ardor.
Funcionarios militares han comparado el efecto con abrir un horno extremadamente caliente. La sensación puede persistir durante 10 a 15 minutos y genera un impulso inmediato de alejarse de la zona alcanzada.
El memorando firmado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, establece que el sistema podrá ser utilizado temporalmente desde septiembre y que no deberá ser operado por personal del Departamento de Defensa.
El DHS será responsable del empleo del dispositivo y del desarrollo de las tácticas, técnicas y procedimientos relacionados con su utilización.
Al finalizar el periodo de siete meses, el departamento podrá solicitar continuar utilizando el sistema si considera necesario incorporarlo a operaciones fronterizas.
CBP ya había evaluado su posible uso
Aunque el dispositivo nunca ha sido implementado en operaciones fronterizas, funcionarios actuales y anteriores señalaron que durante años se ha discutido internamente su posible empleo para dispersar concentraciones de personas en la frontera entre Estados Unidos y México.
El sector de El Centro evaluó la tecnología años atrás para determinar si podía emplearse en zonas con altos niveles de cruces irregulares, particularmente cerca de cuerpos de agua.
Entre las preocupaciones consideradas se encontraba el riesgo de que personas expuestas al sistema terminaran dentro del río o necesitaran rescate después de recibir el impacto de la energía.
En 2018, funcionarios de CBP también estudiaron utilizar el sistema contra migrantes antes de las elecciones intermedias, pero la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, rechazó la propuesta.
El equipo también fue desplegado brevemente en Afganistán, aunque las fuerzas estadounidenses finalmente decidieron no utilizarlo en operaciones de combate.
Surgen dudas sobre legalidad y seguridad
Las discusiones previas alrededor de esta tecnología han incluido cuestionamientos sobre el uso proporcional de la fuerza, posibles consecuencias médicas y problemas de soberanía, especialmente si el sistema llegara a emplearse contra personas que todavía se encuentran en territorio mexicano.
Otro punto de debate ha sido determinar si los beneficios operativos justifican los costos de capacitación, infraestructura y desarrollo de nuevas políticas para su utilización.
Un portavoz de Aduanas y Protección Fronteriza señaló que la dependencia evalúa constantemente nuevas tecnologías que puedan mejorar sus capacidades operativas.
Coalición fronteriza rechaza posibles pruebas
La Southern Border Communities Coalition manifestó su rechazo a la posible utilización del sistema en la frontera y consideró que representaría una nueva etapa en la militarización de las comunidades fronterizas.
La organización argumentó que cualquier uso contra migrantes, residentes o personas que participen en manifestaciones debería cumplir principios relacionados con la necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza.
SBCC también citó preocupaciones expresadas por Physicians for Human Rights sobre los posibles efectos médicos de corto y largo plazo asociados con este tipo de tecnología.
Representantes de la coalición señalaron además que las comunidades fronterizas no deberían convertirse en espacios para probar equipo militar.
El pronunciamiento ocurre días después de que SBCC y otras organizaciones presentaran una demanda contra la creación de una denominada “National Defense Area” en el sur de Nuevo México, medida que, según la coalición, convirtió más de 100 mil acres de terrenos públicos en una instalación militar.
