El Dr. Adolfo Solís, abogado fiscalista, toca el sensible tema del anuncio de las autoridades estadounidenses anunciando sus planes de ir directamente contra funcionarios mexicanos acusados de corrupción.
La advertencia representa un cambio importante en la estrategia de seguridad entre México y Estados Unidos. Washington ya no plantea únicamente perseguir a los dirigentes de los cárteles, decomisar cargamentos o bloquear cuentas bancarias: ahora coloca en la mira a quienes presuntamente utilizan cargos públicos para proteger estructuras criminales.
El administrador de la DEA, Terry Cole, declaró que ningún título, posición política o conexión de poder protegerá a quienes faciliten el narcotráfico, el lavado de dinero o la violencia. La agencia aseguró que también investigará a funcionarios que presuntamente ayuden al Cártel Jalisco Nueva Generación y a otras organizaciones a evitar detenciones.
La acusación es grave porque sugiere que Estados Unidos considera la corrupción gubernamental como una parte operativa de los cárteles, no como un problema separado. Bajo esta visión, los grupos criminales no podrían mantener territorios, mover cargamentos, lavar ganancias ni evadir a la justicia sin protección institucional.
